La nueva ley de universidades que se está preparando fomenta la investigación

Prácticamente con cada nuevo Gobierno ha habido una reforma educativa. Sin embargo, no ha habido ninguna referente a la universidad desde hace 20 años. A pesar de que el Plan Bolonia ha traído consigo profundos y numerosos cambios. El ministro de Universidades, Manuel Castells, se ha propuesto cambiar esta situación. Con una nueva ley cuyo anteproyecto fue aprobado en agosto en Consejo de Ministros. Estas son las claves.

La nueva ley de universidades

El pasado 31 de agosto se aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Ahora, los diferentes actores de la comunidad universitaria han sido convocados por el Ministerio de Universidades a una reunión conjunta. Para tratar los diferentes aspectos de este anteproyecto de ley.

Antes de asumir su forma definitiva y poder ser presentada en el Congreso para su aprobación. Están llamados a este encuentro representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), estudiantes, sindicatos, consejos sociales, etc.

Se está hablando mucho de la nueva ley de universidades, pero lo cierto es que aún no ha sido aprobada y sigue su andadura en la negociación.

El objetivo principal

La nueva ley de universidades tiene un eje vertebrador. El fomento de la calidad del sistema universitario para conseguir una nueva universidad.

Este objetivo principal pasa por el establecimiento de criterios de calidad sobre los que se basen la creación y reconocimiento de universidades. Tendrá sobre todo un impacto en las universidades privadas, algunas de las cuales no incluyen la investigación.

En este sentido, el anteproyecto de ley incorpora por primera vez la evaluación constante de la calidad de la actividad docente y su innovación.

Para conseguir este objetivo, se prevé aumentar el presupuesto destinado a la educación superior.

Las principales reformas

Con todo lo anterior en mente, este anteproyecto de ley incide en varios aspectos:

• La adecuación de la ordenación de las enseñanzas de carácter universitario.
• Garantizar la buena gobernanza de las universidades y su calidad.
• El fomento de la investigación, la transferencia de conocimiento y la movilidad de estudiantes y personal docente e investigador.
• Acabar con la precariedad laboral de buena parte del profesorado.
• La promoción del acceso a la educación superior.

La consecución de estos objetivos está pensada para ponerse en marcha de forma gradual.

El impacto en la investigación

Uno de los aspectos que más debate están suscitando entre todos los actores implicados en esta reforma es la investigación.

Pasa por acabar con la precariedad del profesorado. Entre otras cosas, por regular la figura del profesor asociado. Actualmente esta figura se utiliza para mantener la carga de docencia de los diferentes grados sin sacar plazas a concurso. De este modo, las universidades limitan el gasto del profesorado. Pero a cambio de que parte de este colectivo trabaje en condiciones precarias. Con la nueva ley de universidades, se les reserva un 15% mínimo de plazas después del primer contrato de 5 años en todas las universidades cuyo número ascienda al 15% del total de su plantilla.

Así, se prevé reducir la temporalidad del personal docente e investigador a un 20%. Ahora se sitúa en el 40%. Los docentes con estatuto de funcionarios crecerán hasta un mínimo del 55%.

La otra vertiente de la investigación es la producción y transferencia de conocimiento. Todas las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a la investigación. De las plazas permanentes en las universidades, un 15% estará reservada a investigadores. Se promocionará también el liderazgo de jóvenes investigadores y la transferencia de conocimiento a empresas, instituciones y entidades. Para fomentar la carrera académica.