La vacuna contra la COVID-19 en España
En España se ha alcanzado desde hace semanas el 70% de la población vacunada. Por desglose de edades, las personas de más de 80 años tienen todas las dos dosis. Entre esta edad y 40 años, el porcentaje alcanza el 92%. Los jóvenes de entre 12 y 19 años representan el porcentaje menor, solo un 45%. Sin embargo, el 76% de ellos ya tienen una dosis. Para los menores de 12 años no se prevé la vacunación porque sus efectos no están estudiados lo suficiente. A pesar de que algunos países como Cuba hayan comenzado a vacunar a niños muy pequeños. Se trata de un caso excepcional a nivel global.
Con estos datos y el porcentaje de personas que se niegan a que les sea administrada la vacuna, solo un 5%, parece que no es necesario obligar a la población a vacunarse. En principio, puede alcanzarse la inmunidad de grupo con la tendencia actual.
Sin embargo, desde haces semanas llegan noticias de otros países en sentido contrario. Algunos trabajadores están obligados a vacunarse para continuar en su puesto, como en Francia las personas empleadas en la sanidad. En Estados Unidos, todos lo trabajadores de empresas con más de 100 empleados deberán estar vacunados o hacerse test regulares si quieren conservar su puesto. La nueva norma deriva de la obligatoriedad impuesta a los empleados públicos.
La obligatoriedad de las vacunas
Hacer de las vacunas una obligación no es solo una cuestión ética. Es sobre todo legal. En España ninguna vacuna es obligatoria. Aquellas que llevan administrándose años, como las de la poliomielitis o la difteria, son recomendables y cada comunidad autónoma establece su propio calendario de vacunación para bebés y niños. Se trata de vacunas cuya efectividad y posibles efectos secundarios son conocidos. Además, el 95% de la población ha recibido estas vacunas.
Sin embargo, el debate se ha abierto con la vacuna contra la COVID-19. Algunas personas opinan que debe obligarse a la población a recibirla para garantizar la inmunidad de grupo y proteger a toda la sociedad. Pero muchos expertos legales indican que en nuestro país la ley no lo permite. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud, pero eso no significa que pueda obligarse a las personas a inmunizarse.
Los casos en la universidad
Algunas universidades, como la de Navarra, solicitan a sus estudiantes que acrediten si están vacunados. Según estos centros, lo hacen para proveer a sus estudiantes de medios que les permitan acceder a las dosis de la vacuna que necesitan y para organizar las medidas de prevención. A estas alturas del curso, aún hay medidas sin concretar en algunos centros sobre cómo serán las clases.
En cualquier caso, ningún centro educativo podrá impedir a sus alumnos acudir a clases sin estar vacunado. Ni siquiera pueden obligarles a que faciliten estos datos porque se trata de información de carácter personal.
Lo que sí pueden hacer los centros educativos es recomendar la vacunación. Pero la decisión final depende del alumno, si es mayor de edad, o de los padres o tutores si es menor.
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